Congreso aprueba derogar contratos CAS y por servicios no personales
Escribe: Los Andes | Política - 13:26h
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República acordó derogar el Régimen de Contratación Administrativa (CAS) y el Régimen laboral de locación de servicios o Contratación de servicios no personales y, en caso sea ratificada en el Pleno del legislativo, beneficiaría a unos 300 mil trabajadores a nivel nacional.
Según el congresista Yonhy Lescano Ancieta, autor del Proyecto 237/2011, el beneficio sería para todos los trabajadores que hayan cumplido en dichas modalidades laborales más de 18 meses; el empleador tendría que incorporarlos de manera gradual al Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de acuerdo a las Leyes 276 ó 728, según corresponda.
La sustentación de la propuesta estuvo a cargo del legislador Julio Gagó Pérez (GPF), presidente de la Comisión, en la sesión de ayer miércoles 30. Él afirmó que la iniciativa resume cinco propuestas de diferentes bancadas que tuvieron similar motivación y finalmente la iniciativa aprobada por unanimidad.
“Con esto se termina con la discriminación de trabajadores de primera y segunda clase y se pretende recuperar los plenos derechos laborales, que los trabajadores ejerzan sus vacaciones completas, gocen de gratificaciones y una serie de derechos que ya se otorgan a otros”, sostuvo Lescano Ancieta.
Por otro lado, el legislador Mauricio Mulder (GPCP), opinó que el Poder Legislativo cumpla con legislar a favor de los derechos de los trabajadores y se deje al Poder Ejecutivo su estudio u observación; en todo caso, con la ley en marcha se puede solicitar una ampliación presupuestal para implementar la derogación del CAS.
Con esta medida, lo que se busca es que el trabajador goce de beneficios que el CAS no reconoce todos los derechos laborales que corresponde a un trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada.
Cabe destacar que el 25 de agosto del pasado año, la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima determinó que el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) no reconoce derechos que ampara la Constitución.
Los legisladores Santiago Gastañadui Ramírez (NGP) y Justiniano Apaza Ordóñez (NGP) advirtieron del alto costo que significaría la implementación de la iniciativa aprobada al erario nacional.
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